El certificado de ahorro energético (CAE) se basa en varios principios técnicos que garantizan que el ahorro reconocido sea real, medible y atribuible a una actuación concreta. Uno de los más importantes es el principio de adicionalidad.
La adicionalidad significa que el ahorro energético solo puede certificarse si es consecuencia directa de una actuación que no se habría producido sin el incentivo del sistema CAE. Es decir, el ahorro debe ser adicional al consumo habitual o al escenario que existiría si la actuación no se hubiera llevado a cabo.
En la práctica, esto implica que el sistema CAE no remunera decisiones pasadas ni cambios que se habrían realizado igualmente. Por ejemplo, si un vehículo eléctrico se adquiere mucho tiempo después de haber vendido el coche antiguo, o si la mejora energética ya estaba prevista independientemente del CAE, el verificador puede considerar que el ahorro no es adicional.
La adicionalidad también exige una relación temporal y funcional clara entre la actuación y el ahorro. En movilidad eléctrica, esto se traduce en requisitos como la proximidad en el tiempo entre la baja del vehículo de combustión y la compra del eléctrico, o la coincidencia de categoría entre ambos vehículos.
Desde el punto de vista del verificador, la adicionalidad permite descartar ahorros teóricos o no atribuibles, asegurando que los CAEs reflejan mejoras reales de eficiencia energética y no simples cambios administrativos.
Por este motivo, cumplir con los criterios de adicionalidad es esencial para que una actuación sea aceptada. Sin adicionalidad demostrable, el ahorro energético no puede certificarse, aunque el resto de la documentación esté correctamente presentada.
